Hoy hace un año que obtuve el apoyo
de 134 ciudadan@s para defender los derechos de
nuestros vecin@s de las Urbanizaciones y el Diseminado; el Gobierno del
municipio de Tibi ha tenido no 100, sino 365 días de gracia para demostrar su sentido de la responsabilidad, su capacidad de
gestión, su eficacia, su compromiso con la sociedad y su defensa de los
principales valores democráticos como la justicia y la igualdad.
¿Qué balance podemos hacer de todas
estas promesas que respaldan cualquier campaña electoral al uso?
Es cierto que el cambio más
significativo lo podemos apreciar en el nuevo talante manifiestamente
conciliador de este Gobierno; que yo misma expuse como uno de mis principales
objetivos con mis palabras en el Pleno
de toma de posesión, en el que ofrecí mi
voluntad de convertirme en verdadero puente entre los dos partidos que permitiera
su buen entendimiento y por lo tanto la eficacia en la gestión municipal. Pero
también es cierto que la actual disposición de pacto y negociación del PP se
debe a que en esta legislatura no cuentan con mayoría absoluta sino, al
contrario, mis buenas relaciones con el PSOE en las que ha jugado un importante
papel la Concejala Begoña García, nos ha permitido apoyarnos mutuamente cuando
hemos coincidido en nuestros planteamientos lo que ha provocado un mayor desconcierto al grupo
Popular, como me han demostrado en muchas ocasiones.
En cuanto a su sentido de la
responsabilidad y capacidad de gestión hemos tenido actuaciones de todo tipo,
algunas, todavía sin resolver, pueden llegar a beneficiar nuestros intereses;
pero graves deficiencias, desde mi punto de vista, en la organización, la
dedicación, la información y una absoluta ralentización en la gestión hacen que
su eficacia deje mucho que desear; es evidente el abandono de muchas obligaciones
entre las que podríamos considerar tales como:
No se puede eludir el compromiso, al menos social, que tiene
la Administración de contestar a las solicitudes que presentan los ciudadan@s;
No se puede hacer caso omiso, después de dos meses, a la
petición de entrevista de una Presidenta de urbanización sobre el estado de un
Convenio que viene incluso de la legislatura anterior;
No se puede obstaculizar cualquier gestión de los concejales
de otros partidos, incluso con responsabilidad, por no saber o no querer delegar, o, en el
peor de los casos, para dificultar los supuestos réditos electorales que dichos
concejales pudieran obtener de su gestión;
No se puede estar un año para colocar dos señales en un cruce
peligroso de una urbanización, o unos tablones de anuncio en las urbanizaciones
para que, al menos, la información del municipio llegue a los ciudadan@s que
viven en ellas;
No se puede gobernar de espaldas a los problemas de una parte
de la población del municipio, aunque estos no vivan en el casco urbano porque
sus impuestos tienen tanto valor, más diría yo, que los de los que viven en el pueblo
porque los de las urbanizaciones y
diseminado no cuentan con servicios en contraprestación y deben pagar el
arreglo de sus viales, las redes de agua, la luz etc.;
No se puede estar en el mes de mayo sin presentar unos
presupuestos que deberían estar en vigor desde el mes de enero; No se pueden
adjudicar 7000 euros a la partida de urbanizaciones y diseminado, manifestando un desprecio absoluto por esta población ( un
1/3) cuando no dejan de aumentar los gastos en todas las actuaciones
municipales;
No se puede aguantar la lucha constante para dedicar una
subvención a unos caminos que atraviesan cierta población y que aunque no sea
del casco urbano, son terrenos y población municipal;
No se puede decir que el ataque a plagas, en las
urbanizaciones, tiene también que correr por nuestra cuenta, sin podernos
beneficiar de ninguna subvención ni ayuda;
No se puede prometer en campaña electoral una Ordenanza sobre
legalización de viviendas que no hay verdadera intención de defender.
Desde luego no coincido ni con la manera de hacer, ni con la
intencionalidad, ni sobre todo con la
injusticia que supone el enrocamiento en el planteamiento de que las
urbanizaciones somos privadas, parcelas que no solares y por lo tanto “no tenemos derecho ni
siquiera al aire que respiramos”.
Pero no desprecian nuestro dinero, aportando a las arcas
municipales más del 50%; ellos saben muy bien que una situación consolidada en
el tiempo durante más de 40 años, con entrega, absolutamente irregular de
licencias de obra y ocupación, con un suelo considerado como urbano en las NNSS
y con unos impuestos acordes al mismo, con unas calles de utilidad pública y
con algún servicio como el de la basura presenta suficientes fundamentos como
para considerar “de facto” nuestra recepción por parte del Ayuntamiento; pero
no quieren ni la responsabilidad de llevar adelante una gestión directa ni
compartir a través de los servicios de mantenimiento, unos impuestos de los que
sólo el casco urbano se beneficia.
Tendremos que plantearnos la unidad de todas las
urbanizaciones para afrontar nuestra problemática y reclamar nuestra ciudadanía
de pleno derecho por las vías que consideremos oportunas: mediáticas, políticas
y/o judiciales, tal vez así se darán cuenta de nuestro valor, aunque sólo sea
como “fuente de ingresos”.
En fin, el compromiso que un político adquiere con los
ciudadanos, a partir del proceso electoral, va mucho más allá del cumplimiento
de la cotidianeidad y supone una implicación y una dedicación casi absoluta de
todo un equipo de gobierno, un espíritu
de iniciativa y emprendedor, una habilidad para aplicar la ley de manera que se
puedan ofrecer soluciones a todo tipo de problemas y de poblaciones; un sentido de la justicia social que no se escude
o incluso busque intencionadamente pretextos normativos para evitar
responsabilidades, para no abordar los problemas, con una rigidez totalmente
ausente de sentido común; pero para ello tienen que importarte todos los
ciudadanos y creer en los derechos de tod@s ell@s.
Si la realidad es difícil de cambiar, al menos apreciaríamos
una actitud comprensiva, respetuosa,
constructiva y marcada por el sentido de la equidad y la justicia también hacia
las Urbanizaciones y el Diseminado, en un equipo de gobierno que, hasta ahora,
ha sido “dueño y señor del castillo” y tal vez considere a la actual agrupación
electoral que encabezo, AIDU, como un “invasor al que se le debe derribar
porque pudiera acabar tomando la villa”.
Julia Cartagena
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