De nuevo, PP y PSOE se unen contra
las Urbanizaciones
Ante la propuesta
presentada por AIDU al Pleno del Ayuntamiento para que éste asuma la
iluminación ya existente en los viales públicos de las urbanizaciones, ambos se
han opuesto con argumentos insostenibles.
En un Pleno con bastante asistencia y
apoyo de público, por parte de las urbanizaciones, al cual doy mi
agradecimiento desde este foro, mi defensa de la Moción no tuvo una digna
réplica por ninguno de los Concejales del Gobierno y la “supuesta oposición”.
Ambos se enrocaron en el argumento de que las urbanizaciones deben
abordar Proyectos para adaptar y ampliar por cuenta propia las
infraestructuras, a partir de lo cual podrían ser recepcionadas por el
Ayuntamiento que pasaría a mantener los servicios como el alumbrado público.
La postura de AIDU, basándose en las razones que a continuación
detallaremos, es la de que el Ayuntamiento está obligado a recepcionar “en
precario” para que con aportaciones del presupuesto ordinario, con ayuda de
subvenciones y aportaciones de los vecin@s en aquellas obras de infraestructura
de las que no disponen las urbanizaciones, se pueda llegar a finalizar el
desarrollo de las mismas de la forma menos gravosa para todos.
Por su parte, el portavoz del PP
se apoyó en las siguientes consideraciones:
Ø
Que los informes técnicos eran contrarios.
Ø
Que había que respetar las leyes.
Ø
Que, si los Gobiernos anteriores se habían
equivocado en su gestión con respecto a las urbanizaciones, ahora se tenían que
asumir esos errores.
Ø
Que, votar a favor de la Moción, sería
contribuir al beneficio privado.
Ø
Que estas situaciones urbanísticas se daban en
toda España.
Ø
Que este Gobierno lo haría si así lo
dictaminaban los jueces.
Estas razones eluden la realidad, ya
histórica, de las urbanizaciones; la negligencia administrativa de este
Ayuntamiento; la acción política como reguladora de la aplicación de las leyes;
que el beneficio se dirige a unos ciudadan@s de pleno derecho que pagan sus
impuestos; que la generalidad de estas situaciones en toda España no exime de
la responsabilidad a nuestro Ayuntamiento de resolverlas en su término
municipal y que si judicializamos la política, no tiene sentido nuestra propia
representatividad política.
LA PORTAVOZ DEL PSOE NO MOSTRÓ
NINGUNA EMPATÍA con las urbanizaciones y mantuvo una postura rígida, en este Pleno, como ya es habitual
en ella, centrando la razón de la oposición de su grupo en que, si Terol había
tenido que llevar adelante un Plan Parcial y unos Proyectos de Urbanización y
Reparcelación, con un coste, a nuestro juicio desproporcionado, todos los demás
debíamos pasar por la misma trayectoria; sin tener en cuenta que, tan sólo
estábamos defendiendo que el Ayuntamiento mantuviera la poca iluminación
existente, en algunas urbanizaciones, incluida la de Terol; así mismo siguió
sin poner en consideración que las condiciones urbanísticas de Terol, sus
grandes dimensiones y las circunstancias administrativas en las que se
encuentra, suponen planteamientos
distintos a las demás urbanizaciones; como el caso de Pinada del Río que es muy
distinto al de “El Aljibe” y estos al de las urbanizaciones de Pinares del
Meclí, Maigmo y Bonaire.
Nuestra Moción se basó en los siguientes argumentos, que no
llegaron a ser rebatidos por ninguno de los dos grupos, en ningún momento, a lo
largo de la sesión:
v Los viales de nuestras urbanizaciones
son públicos (Planes Parciales anteriores al 76)
v La actividad urbanística es una
función pública que sustituye a la iniciativa privada en el protagonismo del
desarrollo urbano.
v Al dar Licencias de construcción el
Ayuntamiento ha reconocido que las parcelas son “solares” porque el requisito
que exige la ley para la existencia de “solar” es que la parcela que se va a
edificar dé frente a vía pública.
v Nuestras urbanizaciones están
consolidadas (permisividad en el crecimiento de construcciones e
infraestructuras).
v Nos encontramos en zonas urbanas,
según las propias Normas Subsidiarias de Tibi.
v Según el Derecho consuetudinario, los
viales, sin cerrar durante 50 años, por su uso público de personas y servicios
acaban adquiriendo la consideración de públicos.
v Los Ayuntamientos deben de prestar un
conjunto de servicios públicos entre los que se encuentra el alumbrado (Art. 26
Ley 7/1985).
v En actuaciones anteriores al 76, se
tiene por efectuada la cesión de todos los bienes con la aprobación del Plan
Parcial.
v Según Sentencia del TSJ de la
Comunidad Valenciana de 9 de enero de 2004, es aceptable la “cesión tácita de
viales”
v Sentencia Tribunal Supremo 30/10/2007
reconoce que aun no estando recepcionadas las obras de urbanización, el
Ayuntamiento podría tener una actuación activa y evidente cuando esta esté
referida a servicios.
v Según Sentencia del TSJ de Cantabria
de 18 de abril de 2008: viales abiertos al público y de uso público equivale a
“Recepción tácita”
v Las obras de urbanización se
entenderán recibidas cuando se cumplan ciertas condiciones o desde que queden
abiertas al público (Art. 161.1 LOTUP).
La gestión municipal acerca de las
urbanizaciones ha sido durante años de una absoluta incompetencia, negligencia
y falta de voluntad política; pudiendo referirnos a múltiples casos, entre
ellos:
·
La
anulación del Plan Parcial de Terol en el año 2002.
·
La
ausencia de cobro de un aval a la urbanizadora de Pinada del Río y el no
haberle quitado la condición de urbanizadora al cabo de un año, hasta 13 años
después (2017) a pesar de estar obligado por ley por obras sin acabar.
·
No
haber exigido Proyectos de urbanización a los promotores en los años 70, dueños
de las fincas y autores de las segregaciones de parcelas.
·
No
haber corregido la proliferación de viviendas ilegales.
·
Haber
otorgado Licencias de construcción y ocupación, para paralizar, sin sentido,
primero las de ocupación y finalmente, incluso, las de construcción.
·
No
haber vigilado las infraestructuras que se habían ejecutado y no haber
promovido el desarrollo de las inexistentes.
·
La
multiplicación de Proyectos de nuevas urbanizaciones (a pesar de la excesiva
oferta de terrenos y viviendas, sin la oportuna ocupación), cuyos avales fueron
destinados a inversiones en el casco urbano y que, ante la imposibilidad de
seguir con el desarrollo de las mismas, tendremos que devolver entre todos.
Todo ello nos ha llevado, en este
municipio, a un caos urbanístico de difícil pero no imposible resolución, si
utilizamos el sentido común, si nos planteamos el bien común, si tenemos
voluntad política, si gestionamos con eficacia procurando acoplar la ley a la
realidad existente.
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